En el DOG de 26 de julio de 2016 ha salido publicada la modificación de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género.
Dicha modificación se hace necesaria, dado que en Galicia tenemos la obligación de establecer los mecanismos legales y sociales que propicien un cambio real en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. La Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, fue una apuesta en esta dirección.
En lo referido al tratamiento integral de la violencia, la ley regula en su título II las acciones que desde los poderes públicos han de realizarse para crear y desarrollar programas y servicios encaminados a la protección y asistencia frente a la violencia de género. Para ello, la ley garantiza a las mujeres una asistencia sanitaria, jurídica, social y psicológica que debe ser integral. No obstante, todas las medidas no alcanzan suficiencia si las mujeres carecen de los recursos precisos para iniciar una nueva vida lejos de sus agresores. De hecho, la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, prevé, en su artículo 39, la habilitación a la Xunta de Galicia para establecer una prestación económica a las mujeres que sufren violencia de género.
En desarrollo de dicha previsión, anualmente se convocan ayudas individuales de carácter periódico para las mujeres víctimas de la violencia machista. Sin embargo, la experiencia así como la persistencia de la lacra de la violencia machista aconsejan un cambio en ese procedimiento, de modo que la ayuda periódica para las víctimas de la violencia de género se configure como un procedimiento con un plazo de solicitud abierto durante todo el año.
A su vez, resulta aconsejable extender esta ayuda a aquellas mujeres y niñas que resulten víctimas del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, tipificado desde el año 2010 en el Código penal español.
Sin duda alguna, la trata de seres humanos es la esclavitud de nuestro tiempo y, lamentablemente, una realidad en Europa y en nuestro país. Supone una profunda violación de los derechos humanos, de la dignidad y de la libertad de la persona y constituye una forma de delincuencia grave, que en la mayoría de las ocasiones implica a organizaciones delictivas a las cuales proporciona importantes beneficios basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación.
Además, los informes emitidos por las distintas organizaciones internacionales que trabajan en el ámbito de la lucha contra la trata de seres humanos (la Organización Internacional del Trabajo, la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas, la Unión Europea, etc.) recogen datos que ponen de manifiesto una realidad ineludible: la trata de personas es un crimen que no es neutral en términos de género, y la trata de seres humanos afecta a las mujeres de manera desproporcionada, no solo por registrar la mayor parte de las víctimas, sino porque las formas de explotación a que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual.
Por todo ello, se hace aconsejable modificar la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, en dos sentidos: en primer lugar, retocando el artículo 3, para establecer como forma de violencia de género la definición de trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual coherente con la del Código penal y la de los documentos internacionales, y, en segundo lugar, modificando el artículo 39, para garantizar la incorporación de las víctimas de esta forma de violencia de género como beneficiarias de la ayuda periódica, así como para establecer el plazo permanentemente abierto de solicitud de la misma.
